Los Certificados de Profesionalidad, una oportunidad para encontrar empleo

Cómo puede una persona encontrar un trabajo si carece de titulación que acredite que está capacitada para desempeñarlo? ¿Cómo pueden los trabajadores y trabajadoras que no tuvieron la oportunidad de estudiar o que abandonaron la enseñanza antes de acabar los estudios obligatorios formarse y obtener una titulación oficial que les permita ocupar un puesto de trabajo? Hay muchos ciudadanos que en estos momentos no tienen ni titulación ni empleo y desconocen la posibilidad de obtener un Certificado de Profesionalidad, una titulación oficial que mejora su empleabilidad porque los habilita para desempeñar un trabajo determinado y que se obtiene tras superar los cursos de formación para el empleo correspondientes.
Basta con echar un vistazo a los datos del desempleo en España para comprender la importancia que tiene para los trabajadores incorporarse a la formación para el empleo que les permita obtener un título y acceder al mercado de trabajo. Tenemos una tasa de paro que es la segunda más alta de la Unión Europea y un desempleo juvenil que se sitúa en el 38%. El abandono escolar temprano está aún en el 20% y hay, según la OCDE, un 35% de jóvenes españoles entre 25 y 34 años que no han acabado la educación secundaria obligatoria. Ya en 2012, el propio Ministerio de Empleo cifraba en torno a un millón el número de jóvenes sin titulación, a lo que se suma que la OCDE considera además que el 46% de la población activa española, con trabajo o en paro, no está cualificada. Ese último porcentaje es mayor, obviamente, entre los desempleados, que es donde se encuentra la mayor parte de trabajadores y trabajadoras que no tienen una titulación oficial que les capacite para desarrollar un puesto de trabajo.
Somos conscientes de que superar esta situación exige un gran esfuerzo por parte de toda la sociedad pero especialmente de quienes participamos en la formación para el empleo, desde las administraciones a las empresas pasando por los agentes sociales y, obviamente, por las entidades formadoras, que conocemos el desafío que representa mejorar la empleabilidad de nuestros profesionales e incorporar al mercado laboral a cientos de miles de personas. En particular a los parados de larga duración y a los jóvenes, cuyas posibilidades actuales de encontrar un empleo son muy bajas y solo tienen acceso, si lo tienen, a empleos precarios y mal retribuidos.
Los certificados de profesionalidad van dirigidos precisamente a la habilitación de estas personas sin estudios y sin trabajo o a aquellas que sí trabajan pero no tienen titulación que les permita mejorar su empleo. De hecho, el 60% de los trabajadores y trabajadoras que obtiene un Certificado de Profesionalidad encuentra empleo en menos de un año. Pero un instrumento tan valioso para la inserción laboral de los desempleados se encuentra, sin embargo, frenado en su desarrollo por trabas burocráticas.
Sabemos que la inequívoca apuesta de las administraciones por dotar al sistema de formación para el empleo de una oferta formativa de mayor calidad y vinculada a titulaciones oficiales es un reto para todos, para la propia Administración y para las entidades formadoras. Todos juntos debemos ser capaces de establecer los mecanismos para que estas estrategias puedan implementarse con garantías, sí, pero también en unos plazos razonables de tiempo.
La escasa flexibilidad y las contradicciones a la hora de aplicar algunos criterios normativos —tanto para la impartición de los cursos que facilitan la obtención de esos certificados como para acreditar los conocimientos de los alumnos— afectan a todas las entidades formadoras, pero atañen de una manera muy particular a las empresas que imparten esta formación en la modalidad de e-learning, que han hecho en los últimos dos años un esfuerzo inversor de millones de euros para canalizar su esfuerzo en I+D+I y para ofrecer una enseñanza de calidad, actualizada, que incorpora las nuevas tecnologías exigidas por la sociedad de la información, con el objetivo último de dar formación a los alumnos para que obtengan una titulación oficial. Estamos hablando de un sector empresarial emergente, que da trabajo a miles de personas, que tiene un crecimiento continuado en cuanto a generación de empleo y de riqueza y que es homologable a los de los mejores países de nuestro entorno y pionero en todo el mercado latinoamericano.
El reto de formar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras para acceder al mercado laboral requiere de una apuesta firme por la formación y la titulación que mejore la empleabilidad. Y los certificados de profesionalidad, como decimos, son un excelente instrumento para lograrlo. Expertos, agentes sociales y empresas del sector tienen un papel determinante para impulsar y dar a conocer esta herramienta imprescindible. Un sistema más flexible y simplificado para las actividades de aprendizaje allanaría el camino y permitiría cumplir con los objetivos que exige nuestra economía en un mundo globalizado. También fortalecería el tejido empresarial de la formación para el empleo, que, pese a las dificultades, mantiene su vocación de formación en las empresas y de cualificación de los desempleados.